Derecho a la Vida, la vida de ninguna mujer puede ser puesta en peligro por causa de embarazo o parto. Derecho a la Privacidad, todos los servicios de salud sexual y reproductiva deben ser confidenciales

Derecho a la Vida, la vida de ninguna mujer puede ser puesta en peligro por causa de  embarazo o parto.

 

 

Derecho a la Privacidad, todos los servicios de salud sexual y reproductiva deben ser confidenciales.

 

Quince mujeres se autodenuncian por haber cometido abortos ilegales como protesta.

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¿Qué será lo siguiente?                       

15 Ene 2008

MARISA SOLETO

 

La escalada de la presión en torno a la cuestión del aborto en los últimos días nos ha ofrecido el lamentable espectáculo de ver a un grupo de mujeres declarando ante la Guardia Civil por la única razón de haber sido pacientes de una clínica hace casi un año. Sorprende, además, que esta medida se haya tomado en el marco de una investigación que parece haberse iniciado en relación con el tratamiento de residuos, incluso antes de que haya sido llamada a declarar ninguna persona relacionada con el funcionamiento de la propia clínica.

 

La presión social contra el aborto no es algo nuevo. Desde el mismo momento de la aprobación de la actual legislación, hemos asistido al espectáculo de concentraciones, presiones y agresiones de bajo tono, protagonizadas por grupos ultraconservadores, a las puertas de las clínicas. Afortunadamente casi durante 20 años la cosa no pasó de ahí. Pero,  desafortunadamente, a nadie le parecieron estos hechos lo suficientemente importantes como para intervenir en defensa de la integridad de las clínicas y las personas trabajadoras de estos centros, y de la intimidad y seguridad de las pacientes. Tampoco parece que haya importado para plantear la modificación de una legislación que permite hablar con una ligereza impresionante de abortos ilegales a cualquier persona que pasara por allí. La novedad de la situación actual es que esta presión ha encontrado la colaboración de algunas instituciones del Estado. De esta forma, entre otras, se ha admitido a trámite una denuncia en cuya investigación se ha implicado a las mujeres, arrojando sobre ellas no sólo la sospecha de una conducta ilícita, sino la inseguridad y vulneración de sus derechos a la intimidad y a la confidencialidad de sus historias clínicas.

 

 La legislación española en materia de aborto es mala, un pastiche fruto de la tibieza y de la desconfianza hacia el criterio de las mujeres, que pretendió dejar contentos a todos y cuyas lagunas y concesiones a las posiciones más detractoras, lejos de ser un argumento para eliminar o disminuir la presión de determinados sectores, están siendo utilizadas como punto de apoyo para el cuestionamiento de la posibilidad de interrumpir un embarazo en cualquier circunstancia.

 

El ideario de las organizaciones sociales que han promovido las acciones contra la regulación y la práctica del aborto está claramente orientado en este sentido y, sin duda, su objetivo final es intentar eliminar la posibilidad de que, en España, puedan realizarse abortos legales. Volvemos a toparnos con una situación en la que hay personas que desean imponer sus criterios morales al resto de la sociedad y que se sienten agredidas frente a la realidad de que hay quienes no coinciden con sus opiniones o no comparten sus creencias. En otras palabras, hay quienes para evangelizar necesitan de la cooperación punitiva de la ley. Algo que me ha parecido siempre tremendo, ya que estamos hablando de que si no son capaces de convencernos con sus argumentos morales, entonces nos obligarán a ello vía prohibición y sanción, aun en los casos en los que esto vaya en contra de los derechos y la libertad de las demás personas.

 

Hay quienes están buscando una victoria en este terreno. Una victoria que a ser posible termine, entre otras cosas, con una prohibición total del aborto en España. No importa que para ello haya que poner bajo sospecha y perjudicar los derechos de un grupo de mujeres. El sistema permite que los mismos grupos que ejercen la presión sobre las clínicas puedan convertirse en denunciantes. Permite que las mismas personas que intoxican a la opinión pública con supuestos conocimientos forenses y valoraciones sobre protocolos de intervención que son, para la mayoría de las personas, desconocidos, se conviertan en promotores de la inspección de las garantías de la actual regulación. Total, un despropósito, porque es imposible que quien pretende eliminar una ley emprenda acciones para garantizar el buen funcionamiento de la misma, que es el objetivo que deberían tener las actuaciones administrativas y judiciales.

 

Por lo tanto, están buscando poner en tela de juicio una ley aprovechando sus propias lagunas. Así hemos llegado al lamentable espectáculo de casi una treintena de mujeres interrogadas por la Guardia Civil por el solo hecho de haber sido pacientes de una clínica que, supuestamente, no está gestionando bien sus residuos. Así, hemos acabado leyendo titulares sobre posibles abortos ilegales, sin que se nos aclare cuál de los supuestos recogidos en la ley está siendo vulnerado. Pero lo más importante es que, de esta forma, hemos acabado volviendo a abrir hueco en el debate social a quienes lo único que buscan es que no pueda abortarse legalmente en España.

 

Si hay clínicas que están actuando fuera de la ley, las administraciones públicas y la justicia tendrán que actuar diligentemente para sancionar y reparar con la mayor celeridad posible las irregularidades o conductas delictivas que puedan estarse produciendo. Pero no pueden, de ninguna manera, arrojar de forma indiscriminada la sospecha sobre personas que lo único que han hecho ha sido actuar dentro de los límites que la ley establece. No pueden investigar a todas las mujeres que han abortado en España para ver si existen indicios de delito, de la misma manera que no podríamos interrogar a toda la población de una ciudad sólo porque nos conste la procedencia de un delincuente. A algunas personas les gustaría que esto fuera posible, pero la presunción de inocencia en un Estado de derecho funciona así.

 

Con la actual regulación del aborto en España, éste no será el último episodio. Posiblemente no hay ninguna fórmula que nos libre de los intentos reiterados y la influencia social de ciertos grupos y posiciones ideológicas integristas, pero es evidente que la actual regulación es manifiestamente mejorable en este sentido. Hay que cambiarla y empieza a ser urgente, sobre todo para proteger la posición y los derechos de las mujeres que, una vez más, son los más fácilmente vulnerables.

 

Marisa Soleto es directora de la Fundación Mujeres

 

EN: publico.es/dominiopublico

 

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Llamazares acusa a la Comunidad de Madrid de dirigir la campaña antiabortista

 

El líder de IU acusa al gobierno de Esperanza Aguirre de utilizar a las clínicas "como rehenes" en una estrategia de "acoso y derribo"

 

PÚBLICO.ES – 15/01/2008 18:42

 

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, y las clínicas de interrupción del embarazo señalan a la Comunidad de Madrid como "el cerebro de la campaña de acoso y derribo" a las centros de interrupción de embarazo con una estrategia "igual" que la utilizada en el caso del Hospital de Leganés.

 

Tras reunirse con las responsables de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) LLamazares ha destacado hoy la labor que realizan estos centros para la sanidad pública al tiempo que ha denunciado el acoso que están padeciendo por parte de sectores integristas.

 

"Están utilizando a las clínicas como rehenes", ha dicho Llamazares tras lo cual ha señalado que el cerebro de esta operación es la Comunidad de Madrid, "la misma que llevó a cabo una campaña contra los profesionales sanitarios en el Hospital de Leganés".

 

Por su parte, la responsable de la clínica Isadora de Madrid, Marisa Castro, ha anunciado que el próximo jueves los representantes de las clínicas se reunirán con el ministro de Sanidad, Bernat Soria, y el de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para analizar la situación.

 

Además, el próximo día 30 de enero tendrán un encuentro con responsables de la Comunidad de Madrid, en concreto con los de la Dirección General de Calidad madrileña.

 

"Campaña de acoso y derribo"

 

"Vamos a exigirles responsabilidades por la persecución que estamos sufriendo, las inspecciones abusivas y porqué se filtran fotografías y datos confidenciales a los medios de comunicación", ha dicho Castro quien ha reprochado al Gobierno madrileño "la poca prisa que ha tenido para reunirse con la que está cayendo".

 

Llamazares ha pedido al Ministerio del Interior que no colabore con la "campaña de acoso y derribo" que a su juicio está realizando la Comunidad de Madrid y que estudie las inspecciones practicadas por el Seprona en la clínica Isadora de Madrid.

 

Ha recordado a la Fiscalía del Estado que "no debe colaborar en esta campaña de acoso" y ha instado al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, "que no siga diciendo que se trata de perseguir el delito cuando esto es una campaña en la que parece que vale todo".

 

Respecto a la autodenuncia de unas 15 mujeres feministas en los juzgados de Vigo por haber abortado fuera de la ley en solidaridad con las mujeres que han sido llamadas a declarar en Madrid y Barcelona, la presidenta de ACAI, Eva Rodríguez, ha señalado que esta es una estrategia utilizada en otras ocasiones y que "siempre sirve de ayuda".

 

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Quince mujeres se autodenuncian por haber cometido abortos ilegales como protesta

 

Pertenecen al colectivo feminista Alacrín y pretenden solidarizarse con las investigadas en Barcelona por abortos fuera de los supuestos legales

 

EUROPA PRESS – Vigo – 15/01/2008 15:53

 

Unas 15 mujeres del colectivo feminista Alecrín se autodenunciaron hoy en los juzgados de Vigo por haber abortado sin acogerse a los supuestos previstos por la ley, en solidaridad con las mujeres que están siendo investigadas en Barcelona por haber llevado a cabo esta práctica.

 

Así lo confirmó en los juzgados vigueses la presidenta de Alecrín, Ana Míguez, quien explicó que unas 15 mujeres presentaron una denuncia y se "autoinculparon" ante la justicia para protestar por el proceso de investigación al que están siendo sometidas varias mujeres en Barcelona, por haber supuestamente abortado de forma ilegal.

 

Según afirmó Míguez "se están conculcando los derechos de las mujeres" por lo que se se llevó a cabo este acto reivindicativo, a pesar de las consecuencias que pueda tener para las mujeres que se autodenunciaron. "Si tenemos que ser procesadas, lo seremos, igual que hace 30 años, pero no podemos consentir que a estar alturas seamos perseguidas", afirmó la presidenta de Alecrín.

 

Ley de plazos

 

Ana Míguez explicó que la finalidad de esta protesta, además del apoyo a las mujeres imputadas, es exigir al Gobierno estatal que incluya en su programa electoral la ley de plazos "para que las mujeres puedan abortar entre la semana 12 y 15 de gestación sin dar explicaciones ni acogerse a ningún supuesto", al tiempo que criticaron la actitud de la "extrema derecha" y de la Iglesia por su "papel importante en el hecho reaccionario que ocurrió en Barcelona".

 

En la concentración de estas mujeres estaba también la concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Vigo, la socialista Isaura Abelairas, que acudió al acto "en solidaridad con las mujeres detenidas y para reivindicar el derecho a decidir".

 

Además, se comprometió a luchar para que el PSOE incluya esta ley de plazos del aborto en su programa para las próximas elecciones de marzo "porque es de justicia".

 

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Las clínicas abortistas estudian querellarse contra el juez

 

"El trato a las mujeres es inaceptable", denuncia ACAI

 

SUSANA HIDALGO – 15/01/2008 06:53

 

El mal trago que han tenido que pasar las 25 mujeres que abortaron en febrero de 2007 en la clínica Isadora de Madrid y que han sido citadas por el juez Sierra a través de la Guardia Civil es "inaceptable" y atenta contra el derecho a la intimidad, según Marisa Castro, una de las portavoces del centro y vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas de Interrupción de Embarazo (ACAI). El cabreo no va a quedar en una simple declaración de intenciones, las clínicas quieren trasladar el asunto a los tribunales. "Nuestros servicios jurídicos estudian tomar medidas legales contra el juez Sierra por las malas formas en las que han sido tratadas 25 de nuestras pacientes", aseguró, tajante, Castro.

 

Tomás Moro

 

El juez José Sierra investiga supuestos abortos ilegales en la clínica Isadora a pesar de que el Instituto Anatómico Forense de Madrid ha determinado que los fetos analizados y recogidos en esta clínica no superan las 22 semanas, plazo dentro del límite legal para practicar un aborto. La denuncia parte de la asociación La vida importa, vinculada al Centro Jurídico Tomás Moro que ayer se despachó con un comunicado en el que acusaba a la clínica Isadora de albergar en sus contenedores los restos de "más de cien fetos mezclados con información confidencial sobre las pacientes".

 

Por eso, por "el acoso totalmente inaceptable" de las asociaciones pro vida y ahora del juez Sierra y "por la hipocresia de la derecha, que nos persigue políticamente", las clínicas abortistas han decidido poner el asunto en manos de sus servicios jurídicos: "Ya basta". "Abortar es un derecho democrático y queremos trabajar con normalidad", reclamaban ayer los empleados de Isadora, algo aliviados al conocer las palabras de apoyo de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

 

  El respaldo del Ejecutivo central a las mujeres que han sido llamadas a declarar coincidió ayer con el fin de la huelga de los centros donde se practican abortos. La clínica Isadora abrió a primera hora sus puertas después de una semana de paro en protesta por la inseguridad jurídica que sufren los profesionales y las mujeres que interrumpen su emabrazo. La protesta ha supuesto que unas 2.000 mujeres no hayan podido abortar. En la sala de la clínica esperaban ayer 15 pacientes, la mayoría inmigrantes. Entre los empleados, abrazos de ánimo tras una semana "dura". "Es que llevamos 22 años de persecuciones y agresiones. Ya está bien", afirmaban. Las clínicas privadas realizan el 98% de los abortos que se hacen en un año y que en el año 2006 en España alcanzaron la cifra de 100.000.

 

En la recepción de la clínica Isadora, las trabajadoras atendían el teléfono con normalidad: "¿Cuándo tuviste la última regla?", "¿Te has hecho el test de embarazo?",e informaban de los precios: "320 euros con anestesia local y 410 con anestesia general".

 

Con la que está cayendo

 

"Las mujeres, a pesar de la que está cayendo, siguen pidiendo cita. A las mujeres no las para nadie. Pero ellas vienen con preocupación, ¡con una angustia añadida a este peregrinaje de escarnio!", exclama Marisa Castro en su despacho, y se va encendiendo cada vez que se acuerda de la manifestación del 30 de diciembre a favor de la familia en la plaza de Colón o de que aún están esperando mantener una reunión con los ministros de Sanidad y de Justicia. Los médicos abortistas exigen que el aborto salga del Código Penal.

 

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Carta de los Derechos Sexuales y Reproductivos

 

1º Derecho a la Vida, la vida de ninguna mujer puede ser puesta en peligro por causa de embarazo o parto.

 

2º Derecho a la libertad y Seguridad de la Persona, ninguna mujer debe ser objeto de prácticas como la mutilación genital femenina, el embarazo forzado, la esterilización o el aborto forzado.

 

3º Derecho a la igualdad y a estar libres de todas las formas de discriminación, incluyendo el ámbito de la vida sexual y reproductiva.

 

4º Derecho a la Privacidad, todos los servicios de salud sexual y reproductiva deben ser confidenciales.

 

5º Derecho a la Libertad de Pensamiento, en las cuestiones relativas a la sexualidad y la reproducción.

 

6º Derecho a la Información y a la Educación, incluyendo el acceso a una información completa de los beneficios, riesgos y efectividad de los metodos de planificación familiar.

 

7º Derecho a optar por contraer matrimonio o no y a formar y planificar una familia, ninguna mujer puede ser obligada a contraer un matrimonio contra su voluntad.

 

8º Derecho a decidir tener hijos o no tenerlos y cuando tenerlos, garantizando el acceso de las personas a métodos efectivos de anticoncepción.

 

9º Derecho a la Atención de la Salud y a la Protección de la Salud, que incluye el derecho a a no ser objeto de prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud.

 

10º Derecho a los beneficios del Progreso científico, incluyendo las técnicas apropiadas en salud reproductiva.

 

11º Derecho a la libertad de reunión y asociación, que incluye el derecho a sensibilizar a los Gobiernos para que prioricen la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

 

12º Derecho a no ser objeto de tortura o maltrato, incluyendo los derechos de mujeres, hombres y jóvenes a ser protegidos de la violencia, la explotación sexual y los abusos sexuales.

 

Esta carta ha sido adoptada por la Federación Internacional de Planificación de la Familia, de la que FPFE es miembro junto con organizaciones de otros 170 países del mundo.

 

  

ENLACES:

 

ACAI-Asociación de clinicas acreditadas para la interrupción del embarazo

 

ALECRÍN-Grupo de estudios sobre a condición da muller

 

FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL

 

Federación International de Asociaciones y Profesionales

 

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EL ABORTO EN: América Latina

Aborto legal: Un paso adelante y otro atrás

En la región latinoamericana y caribeña unas 10.000 mujeres mueren cada año por complicaciones de abortos inseguros y muchas de las que sobreviven a los 4 millones de procedimientos que se practican anualmente sufren lesiones, según datos de la OMS.

Alejandra Waigandt (ARGENPRESS para Kaos en la Red

 

El objetivo de legalizar el aborto en América Latina y el Caribe tuvo avances y retrocesos durante 2007. Mientras que en el Distrito Federal de México el parlamento decidió liberalizar la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, en Nicaragua se prohibió el aborto terapéutico. Las acciones contrarias de sectores conservadores y de la iglesia católica se exacerban ante cualquier iniciativa.

 

En la región latinoamericana y caribeña unas 10.000 mujeres mueren cada año por complicaciones de abortos inseguros y muchas de las que sobreviven a los 4 millones de procedimientos que se practican anualmente sufren lesiones, según datos de la OMS. Esta situación afecta especialmente a jóvenes y niñas de escasos recursos, que son las principales víctimas de las legislaciones que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas de esas normas fijan excepciones, pero la mayoría de las veces no se cumplen.

 

En Argentina el código penal permite el aborto cuando está en peligro la salud o vida de la madre o el embarazo es consecuencia de una violación. Ambas causales no requieren autorización judicial, pero a la hora de la práctica los y las efectores de la salud la solicitan y/o aducen razones de conciencia para negar la práctica.

 

Este es el primer paso del largo peregrinar que deben atravesar las jóvenes mujeres y sus familias en la judicialización de sus casos. Un caso emblemático fue el de LMR, la joven discapacitada que fue violada en 2006 y que tuvo que practicarse un aborto en el circuito clandestino porque no logró acceder al procedimiento en un hospital público. La familia de LMR contaba con el aval de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, pero tampoco sirvió para que los y las efectores de la salud cumplieran con la legislación vigente. En mayo pasado, organizaciones de mujeres presentaron una demanda ante el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la o­nU contra el Estado argentino ‘por la sucesión de violaciones de los derechos de LMR’. El organismo la preadmitió en noviembre y Argentina tiene hasta mayo de 2008 para confeccionar una respuesta. Luego el CDH estudiará si admite o rechaza el caso.

 

A la par, la flamante ministra de Salud Graciela Ocaña frenaba la distribución de la Guía Técnica para la Atención de los Abortos No Punibles, aprobada en diciembre por su antecesor Ginés González García, un instrumento que contribuiría a solucionar el problema de la judicialización. La funcionaria aseguraba en un reportaje que ‘el problema del aborto es un tema de política criminal’, exhibiendo el criterio que adoptó el gobierno en este tema, ya demostrado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al reunirse con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica diez días después de su asunción.

 

Condenada

 

En Uruguay, una joven de 20 años fue procesada por el delito de aborto. Un médico la había denunciado luego de comprobarse la infección severa que sufría la joven por una práctica abortiva insegura en una clínica clandestina.

 

Este fallo provocó una importante movilización que derivó en una declaración pública de 9.000 personas donde reconocieron sus delitos de aborto, reabriéndose de esta manera el debate sobre su despenalización. La discusión se había cerrado dos años antes a instancias del presidente uruguayo, Tabaré Vásquez y sectores conservadores y de la iglesia católica. Poco después el Senado legalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, como parte de un proyecto integral de salud sexual y reproductiva. La iniciativa debe ser sancionada por Diputados y luego recibir el veredicto del Ejecutivo uruguayo, cuyo líder ya anticipó que la vetaría.

 

Además de Uruguay, entre los países más prohibitivos están Chile, Paraguay, El Salvador, Honduras y República Dominicana.

 

Mueren las pobres

 

En Bolivia también está prohibido interrumpir el embarazo, aunque el código penal explica más exhaustivamente las excepciones en comparación con Argentina. Allí es posible abortar cuando la gestación es producto de una violación, incesto o cuando la vida de la madre corre peligro, pero para solicitarlo hay que presentar una autorización judicial. En la práctica ese trámite demora y los y las médicas recurren a la objeción de conciencia, de hecho proliferan los procedimientos inseguros: se realizan hasta 115 abortos clandestinos por día. El país tiene una de las dos tasas más altas de mortalidad materna por aborto después de Haití y las víctimas son mujeres pobres.

 

Durante 2007 sectores religiosos y conservadores presionaron para que una nueva Constitución agregue la defensa de la vida ‘desde el momento de la concepción’, pero la movilización de las organizaciones de mujeres y de derechos humanos llevó a la Asamblea Constituyente a rechazar la iniciativa.

 

En Venezuela el aborto es legal sólo cuando está en riesgo la vida de la madre. El movimiento de mujeres pelea para modificar el código penal y liberalizarlo también en casos de incesto, violación, daño fetal y peligro para la salud de la mujer. Pero la revolucionaria Asamblea Nacional no repara en esa demanda, presionada por argumentos éticos, religiosos y personales.

 

En Perú el aborto terapéutico no está penalizado. Igualmente es difícil ejercer ese derecho porque no hay mecanismos administrativos que lo efectivicen. Organizaciones de derechos humanos luchan para lograr un protocolo.

 

Un paso atrás

 

En Nicaragua, el poder legislativo penalizó el aborto terapéutico, eliminando así la excepción del código penal. Ahora ese procedimiento está completamente prohibido. Alianzas entre fuerzas políticas y sectores de la iglesia católica posibilitaron esa medida, que constituyó el más grave de los retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos durante 2007.

 

En un informe reciente, Human Rights Watch señaló que la prohibición tuvo un impacto ‘devastador’ porque produjo más muertes. ‘Las embarazadas sienten temor incluso de acudir a un centro de salud’, aseguró la organización internacional.

 

En este mismo sentido, el Congreso ecuatoriano frenó y archivó un proyecto de ley para eliminar el aborto terapéutico, permitido por el código penal.

 

Otros debates

 

En Brasil la legislación no es distinta de países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, sin embargo las brasileñas tienen garantizado el acceso al aborto en los casos previstos por la ley: riesgo de vida de la mujer y embarazo resultado de una violación. El movimiento feminista y organizaciones de derechos humanos y la salud lograron que los hospitales públicos brinden el servicio en la década de los ’90. Más recientemente se agregó como causal de aborto impune la presencia de un feto anencefálico.

 

No obstante las agrupaciones que pelean por el derecho de las mujeres a una maternidad voluntaria alertaron que tras la visita en mayo del Papa Benedicto XVI se formó el Frente Parlamentario en Defensa de la Vida y contra el Aborto. Al igual que el Papa, esta agrupación apoya la propuesta de excomulgar a los y las legisladoras católicas que respalden la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

 

En Colombia en tanto, crece el debate sobre el aborto como un problema de salud pública y de derechos humanos. Fue habilitado en mayo de 2006 por una sentencia de la Corte Constitucional que lo legalizó en forma parcial. Desde entonces un embarazo puede ser interrumpido en casos de violación o inseminación artificial no consentida, cuando el feto tiene alguna malformación o cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer. El Ministerio de la Protección Social reglamentó el procedimiento, pero aún hay instituciones que no lo garantizan.

 

Un paso adelante

 

En cuanto a los progresos, uno muy celebrado fue el obtenido por el Distrito Federal de México en abril. La Asamblea Constituyente modificó el código penal, despenalizando el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación. También sancionó la Ley de Salud del Distrito Federal, que obliga a las instituciones de la red de salud pública a atender solicitudes conforme a la ley. Hasta enero de este año, la red hospitalaria llevaba realizadas 5.257 interrupciones sin que se produjera ninguna muerte. En 2006, en cambio, se registraron unos 7.316 abortos, donde murieron 15 mujeres.

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que en 2008 dará prioridad a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra dicha legislación. La alta comisionada para los Derechos Humanos de la o­nU, Louise Arbour, recomendó entonces su homologación, de modo que las mujeres puedan elegir libremente sobre su embarazo.

 

Los únicos países de América Latina y el Caribe que desde hace décadas permiten el aborto y donde se garantiza un acceso gratuito y seguro son: Barbados, Cuba y tres países de las Antillas francesas, Guayana Francesa, Guyana y Puerto Rico. También allí hay sectores conservadores que no cejan en su objetivo de retrasar los avances en materia de salud sexual y reproductiva.

 

Alejandra Waigandt

 

                                                                                                            ARGENPRESS.INFO

 

 

                     

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