EEUU: los apaches defienden sus tierras

 

EEUU: los apaches defienden sus tierras

 

Brenda Norrell · · · · ·

24/02/08

 

Los propietarios apache de tierras en Río Grande le dijeron a la Agencia de Seguridad Nacional el 7 de enero de 2008 que detuviese la confiscación de sus tierras para el muro fronterizo entre EE.UU. y México. Fue el mismo día en que expiró el aviso de treinta días de la Seguridad Nacional junto con la amenaza de confiscar las tierras mediante el derecho a expropiación para construir el muro fronterizo entre EE.UU. y México.

 

La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) declaró que utilizará el derecho de expropiación para tomar posesión de las tierras que ahora tienen propietarios privados. ASN también ha presentado exoneraciones exigiendo que los propietarios de las tierras garanticen al personal de ASN el acceso a su propiedad durante un periodo de doce meses con tal de llevar a cabo estudios para el proyecto de construcción propuesto. Los propietarios fueron informados de que si no permiten voluntariamente el acceso de los agentes federales a sus tierras, el gobierno de EE.UU. entablará una demanda para garantizar a las autoridades de la seguridad nacional el acceso irrestricto a las tierras privadas, a pesar de la oposición de los dueños. Seguridad Nacional ha afirmado que si es necesario expropiará propiedades incluso sin el consentimiento de los propietarios de las tierras, con el fin de completar la construcción de la valla fronteriza.

 

Muchos propietarios de tierras, como también líderes civiles y activistas de derechos humanos, se oponen a los planes del gobierno de EE.UU. de permitir el acceso de agentes federales de seguridad del estado a propiedades privadas. Las exigencias del gobierno y la estrategia agresiva entran en conflicto con los derechos de propiedad privada y son particularmente desconcertantes para las comunidades indígenas afectadas por esta situación.

 

Raíces profundas de resistencia

 

Las comunidades tejanas que se encuentran en la zona de la frontera internacional consisten principalmente de nativos americanos y de herederos de concesiones de tierras que han residido en estas propiedades heredadas durante cientos de años. La Seguridad Nacional tiene previsto completar las porciones tejanas de la valla antes del final del 2008.

 

“Hay dos tipos de personas en este mundo, los que construyen muros y los que construyen puentes,” dijo Enrique Madrid, miembro de la comunidad apache Jumano, propietario de tierras en Redford, y administrador arqueológico de la Comisión Histórica de Tejas.

 

“El muro en el sur de Tejas es militarización,” dijo Madrid acerca del aumento de las patrullas fronterizas y la presencia militar. “Estarán armados y dispararán a matar.”

 

En 1997, un marine de los EE.UU. emplazado en la frontera disparó y mató a Esequiel Hernández de 18 años, que estaba cuidando a sus ovejas cerca de su hogar en Redford. “Tuvimos la esperanza de que sería el último ciudadano de EE.UU. y el último nativo americano asesinado por las tropas,” dijo Madrid durante una conferencia de prensa el siete de enero con apaches de Tejas y Arizona. En lugar de eso, el número de personas disparadas y matadas o atropelladas por patrullas fronterizas y otros agentes estadounidenses ha aumentado bruscamente al continuar la militarización.

 

La doctora Eloisa Garcia Tamez, una profesora apache lipán que vive en Río Grande, describió como los oficiales estadounidenses intentaron presionarla para que les permitiese acceder a sus tierras privadas para realizar inspecciones para el muro fronterizo entre EE.UU. y México.

 

“Les he dicho que no está a la venta y que no pueden entrar en mis tierras.” Tamez es una de las propietarias y propietarios de las tierras sobre las que la Agencia para la Seguridad Nacional planea erguir setenta millas de valla doble e intermitente en el valle de Río Grande.

 

Tamez dijo que el gobierno de EE.UU. quiere acceso a todas sus tierras, que está a ambos lados de un dique. “Después decidirán donde construir el muro. Podría ser sobre mi casa.” Tamez dijo que puede tener sólo tres acres, pero que es todo lo que tiene.

La hija de Tamez, Margo Tamez, poeta y académica, dijo: “No somos gente de muros. Va en contra de nuestra cultura tener muros. La Tierra y el Río van juntos. Tenemos que estar con el río. Tenemos que estar con esta tierra. Hemos nacido de esta tierra.”

 

Margo Tamez añadió que la recientemente aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas garantiza el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios tradicionales.

 

Rosie Molano Blount, apache chiricaucha de Del Río señalo que muchos de los apaches chiricauchas habían servido en el ejército estadounidense. “Estamos orgullosos de ser americanos,” dijo Blount, añadiendo que los Chiricahua siempre han apoyado al gobierno estadounidense. Ahora, con el creciente hostigamiento a la gente en la zona fronteriza, la actitud local hacia el gobierno federal está cambiando.

 

“¡Ya Basta!” dijo Blount, repitiendo la frase que se convirtió en el grito de guerra de los zapatistas luchando por los derechos de los pueblos indígenas.

 

Blount dijo que hace falta un diálogo acerca de los asuntos de la frontera, pero no una militarización o un muro fronterizo. También lanzó un mensaje al secretario de la Seguridad Nacional Michael Chertoff. “No venga aquí a dividir nuestras familias, Chertoff. Usted cree que esa es la única manera de hacer las cosas.”

 

Michael Paul Hill, apache San Carlos de Arizona, describió como agentes fronterizos de EE.UU. violaron y abusaron sus objetos sagrados mientras cruzaba la frontera, incluyendo una piedra sagrada, pluma de águila, y un tambor utilizado en las ceremonias.

Después de participar en una ceremonia apache en México, cuando Hill y otros apaches volvieron a entrar en EE.UU. un equipo SWAT totalmente equipado estaba esperándolos y los interrogó. “Me llamaron extranjero”, dijo Hill, añadiendo que los agentes fronterizos maltrataron sus objetos ceremoniales y le advirtieron de que quizá podía conseguir cruzar la frontera sin inspecciones exhaustivas en Nogales, Arizona, “pero no en Tejas.”

 

“Daba mucho miedo,” dijo Margo Tamez, que también estaba ahí. Señaló cómo la creciente militarización está aterrorizando a la gente que intenta seguir con su vida, trabajando, cuidando a sus familias y manteniendo sus ceremonias tradicionales.

 

Isabel Garcia, co-presidenta de Derechos Humanos en Tucson, Arizona, dijo que Arizona ha sido un laboratorio sobre los efectos de criminalizar la frontera. Señalando que la frontera de Arizona es la tierra ancestral de los tohono o’odham (también llamados pápagos), dijo: “En estas fronteras ha sido donde ha vivido la gente desde tiempos inmemoriales.” Garcia describió el clima de militarización y abuso de los agentes de las patrullas fronterizas, recordando que en 2002 agentes fronterizos “cowboy” atropellaron y mataron al tohono o’odham Bennet Patricio Jr. de dieciocho años. Su madre, Angie Ramon, todavía busca justicia por la muerte de su hijo.

 

Garcia también describió las muertes por deshidratación y calor en el desierto de Sonora en el sur de Arizona, donde las fallidas políticas fronterizas han empujado a los inmigrantes, que sólo buscan una vida mejor, hacia los traidores desiertos. “Dos cientos treinta y siete cuerpos fueron encontrados en un año y la mayoría estaba en las tierras tribales de los tohono o’odham.”

 

Cuestiones legales y retos

 

La Seguridad Nacional ignoró 22 leyes federales para construir el muro fronterizo en el área salvaje de San Pedro, en Arizona, señalo Garcia. El abogado Meter Schey, director del Centro de Derechos Humanos y Ley Constitucional en Los Ángeles, dijo que América no necesita un “muro de Berlín”.

 

Schey, conocido abogado de derechos de inmigrantes, dice que la Sección 564 del proyecto de Ley Ómnibus para las apropiaciones de la Seguridad Nacional sustituye la legislación anterior. Ahora a la Seguridad Nacional se le exige que consulte con las comunidades. Schey dijo que ésto quiere decir una consulta real y una verdadera consideración de las aportaciones y los datos de la comunidad. Schey emprendió su primera acción al notificar al secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, por carta enviada por fax de parte de la propietaria de Tejas, la doctora Tamez, el lunes, el mismo día en que expiró el aviso de la Seguridad Nacional que amenazaba con confiscar en treinta días las tierras mediante el derecho de expropiación. Schey pidió a Chertoff que detuviese las inminentes expropiaciones de tierras privadas. Schey dijo que la sección 564 va en contra de las disposiciones de la anterior “ley valla segura” y requiere que la Seguridad Nacional consulte con los propietarios como la doctora Tamez para “minimizar el impacto sobre el medio ambiente, la cultura, el comercio, y la calidad de vida” en áreas sobre las que se planea la construcción de la valla fronteriza.

 

  “Además, creemos que las nuevas disposiciones establecidas por la ley invalidan el Borrador de la Declaración del Impacto sobre el Medio Ambiente de la construcción de la valla publicada por el Departamento el 16 de noviembre de 2007, hasta que se hayan completado las consultas locales exigidas, y otros requisitos que aparecen en la Ley Ómnibus,” le dijo Schey a Chertoff.

 

La Seguridad Nacional ya ha construido muros en gran parte de la frontera internacional de California y Arizona con México, a pesar de la oposición del gobierno de México.

Los apaches en la frontera tejana han formado una coalición nacional de partidarios, abogados, y colegas apaches y otros pueblos indígenas para resistir ante la expropiación de sus tierras, la profanación de sus lugares sagrados y la militarización de sus comunidades. En solidaridad, la red se opone a la expropiación de las tierras privadas por parte de la Seguridad Nacional gracias al derecho de expropiación, a la militarización de la frontera, y a la construcción del muro fronterizo.

Brenda Norrel es una escritora freelance y analista del Programa Político de Fronteras de América

 

Traducción para www.sinpermiso.info: Sebastián Porrúa

 

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http://www.americaspolicy.org, 10 de enero 2008

 

                                                          

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