EUTANASIA: Luis Montes presenta un manifiesto para pedir la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido

 

 

  Luis Montes presenta un manifiesto para pedir la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido

 

El ex jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés defiende que el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su propia muerte "tiene que ser debatido y decidido por una consulta popular"

 

PATRICIA RAFAEL – Santander – 11/07/2008 13:30

 

El campus de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha sido el marco para presentar un manifiesto (PDF) que pide la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido.

 

             

 

El doctor Luis Montes, médico anestesista y ex jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, ha defendido hoy en Santander que el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su propia muerte "tiene que ser debatido y decidido por una consulta popular", sin "depender" de los partidos políticos que ostenten el poder. 

 

Montes, que esto días ha dirigido un curso sobre muerte digna y es uno de los firmantes del escrito, ha leído un extracto del manifiesto, en el que se dice que es responsabilidad de los políticos "conocer de manera fehaciente cómo mueren los ciudadanos y garantizar el libre ejercicio de estos derechos".

 

"Es también su responsabilidad promover un debate sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido de personas que al final de su vida padecen, a pesar de los cuidados paliativos, un sufrimiento insoportable del que desean liberarse con todas las garantías legales", consta en el escrito.

 

Adhesiones

 

De momento, el escrito ya ha sido firmado por una veintena de alumnos y profesores que han participado en el curso, ente los que también está el secretario del seminario, Miguel Casares, nefrólogo del Hospital Universitario de Getafe (Madrid).

 

La intención de los promotores es abrir el debate sobre la eutanasia (actualmente penalizada con la cárcel para los que cooperen a ella), y por ello enviarán el manifiesto a políticos, teólogos, filósofos, juristas, científicos, investigadores, personalidades de la cultura y de todo tipo de ámbitos para comenzar desde ya a recoger firmas.

 

El escrito, que consta de nueve puntos, pide sobre todo, garantizar el derecho a una muerte digna. Para ello, reclama a los legisladores un cambio en el Código Penal para despenalizar el suicidio asistido y la eutanasia.

 

                              

 

DECLARACION DE SANTANDER

Los abajo firmantes, reunidos en el marco del curso de verano organizado por la UIMP y
titulado “Muerte digna: asistencia ante la muerte”, declaran que:

1. Ha llegado el momento para debatir en la sociedad española, diferentes cuestiones
relacionadas con el final de la vida, como el suicidio asistido y la eutanasia.

2. Es absolutamente necesario desmitificar la realidad de la muerte, tanto en la sociedad
en general como en el ámbito sanitario y hacer pedagogía positiva de la misma.

3. La adjetivación de “nazismo” o de “homicidio eutanásico” son falsas insultantes y
están fuera de la realidad, de los planteamientos eutanásicos manejados en la
actualidad, tanto desde el punto de vista filosófico, medico, científico, teológico,
jurídico y otros.

4. El ser humano, aun en medio de su vulnerabilidad, y en tanto que persona, disfruta del
derecho a la autodeterminación, libertad, dignidad y otros, que le permiten disponer
de su vida, lo que le permitiría afrontar la muerte a la luz de su decisión personal

5. Es recomendable establecer y registrar dicha expresión de su voluntad en un
documento de instrucciones previas, testamento vital u otros, así como de manera
verbal, lo que evitaría conflictos (como la obstinación terapéutica) que no contribuyen
a mantener una calidad de vida y de muerte.

6. El suicidio asistido, y la eutanasia van más allá de los cuidados paliativos, aun cuando
estos estuvieran bien implantados en todo ámbito de la sanidad pública estatal. Los
cuidados paliativos no resuelven todos los problemas relacionados con el dolor y el
sufrimiento físico, psíquico y existencial

7. Aunque la constitución y la legislación vigente deben seguir garantizando el derecho a
la vida, también deberían garantizar el derecho a una muerte digna. El legislador, ha
de reconocer que la regulación actual del código penal en su artículo 143.4, es
insuficiente para garantizar este derecho, por lo que habría que encaminarse
claramente hacia la despenalización del suicidio asistido y la eutanasia.

8. Los profesionales de la sanidad que acepten las prácticas eutanásicas y/o de ayuda
médica al suicidio, han de realizarlas bajo determinados criterios y deben estar
legalmente protegidos. Una buena regulación y una buena praxis, evitarían practicas
clandestinas, así como caer por “la pendiente resbaladiza”

9. Estas prácticas no se imponen a la totalidad de los ciudadanos, si no que pertenecen al
ámbito de la libertad de elección personal de aquellos que quieran disfrutar de este
derecho.

 

Por lo tanto, y a la luz de todo ello, reclamamos que se reconozca todo lo anterior. Que los
partidos políticos promuevan este debate de una forma seria, responsable y sosegada,
creando una comisión en el congreso de los diputados que definitivamente estudie estos
temas. Asimismo, hacemos una llamada a que la sociedad civil se implique en este debate y a
la que le concierne muy directamente. De la misma forma, solicitamos que participen en el
mismo, filósofos, profesionales asistenciales, juristas, teólogos, personalidades de la cultura,
científicos, investigadores y medios de comunicación.

Por último, animamos a las diferentes personas, instituciones, medios u otros a adherirse al
presente comunicado.

“Todo tiene su tiempo… tiempo para nacer, tiempo para morir…”

Firmado:
Dr. Luis Montes Mieza Dr. Miguel Casares Fernández.Alves
Director del Curso Secretario del Curso
Profesores del Curso:
Participantes del Curso:

 

Eutanasia y derechos ciudadanos

11 Jul 2008

 

LUIS MONTES Y FERNANDO SOLER GRANDE

 

En la pasada campaña electoral, el actual presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó públicamente, en varias ocasiones, que “nadie puede impedir, por sus convicciones o creencias religiosas, el derecho de los ciudadanos a vivir y morir dignamente”. Tras haber eludido otras veces el tema, por considerarlo espinoso y alejado del interés del público, el 37º Congreso Federal del PSOE ha planteado el debate sobre el derecho a una muerte digna. Se suma esta iniciativa, que celebramos con prudente optimismo, a la anunciada por el Gobierno andaluz de llevar a su reconocimiento legal completo la eutanasia pasiva y la eutanasia indirecta.

 

Aparentemente, la realidad se abre camino, y cada vez resulta más evidente para todos que el debate sobre la muerte digna está en la calle. Bien es verdad que, para vergüenza –no sólo ajena– de quienes nos reclamamos progresistas, en demasiadas ocasiones permitimos que la ausencia de una discusión racional, pública y explícita sobre un tema que despierta tantas pasiones sea suplantado por el exabrupto, la descalificación y el insulto directo.

 

En su momento, tras la insensata divulgación y respaldo del entonces consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, de una denuncia anónima sobre 400 homicidios, asumimos con dignidad y sin ninguna mansedumbre el linchamiento a manos de la derecha más reaccionaria. De poco ha servido para los representantes de la caverna que hayamos sido exculpados por la Justicia de tales acusaciones. Todo parece indicar que nosotros, y quienes nos defiendan, tendremos que seguir sufriendo un plus de infamia por nuestra defensa del derecho a decidir sobre la propia muerte.

 

A pesar de ello –no se llame nadie a engaño– con la misma energía que defendimos nuestra inocencia, estamos decididos a promover y alentar el debate que propicie más pronto que tarde el ejercicio real del derecho de autonomía personal.

Se aborde desde el punto de vista que se aborde, bajo el debate sobre la eutanasia o el suicidio asistido, subyacen dos cuestiones fundamentales que lo acotan e iluminan y que, tal vez por esa razón, son muchas veces interesadamente olvidadas.

 

En primer lugar hay que preguntarse sobre si es admisible en un Estado de Derecho y laico, que los criterios morales de una parte de la población, la que se declara confesional católica, y las obligaciones y restricciones legales que de esos criterios se derivan, sigan imponiéndose al conjunto de los ciudadanos.

 

En segundo lugar, será preciso que cada quién explique qué alcance y contenido tiene para él el derecho de autonomía personal. Este derecho, que se invoca con los mismos términos tanto desde la derecha como desde la izquierda, debe esconder sin embargo contenidos muy diferentes en según qué boca a la vista de los hechos a que da lugar.

 

Nuestra convicción sobre la primera de estas cuestiones se resume diciendo que, a nuestro juicio, un Estado laico debe garantizar tanto la libertad de conciencia como la de los actos a que esa conciencia conduce. Sin más limitación que la no invasión en el derecho de los demás o el perjuicio ajeno. Pero, cuidado, las leyes deben evitar que las conductas de unos perjudiquen a los demás en términos objetivos, no subjetivos. El que un grupo de ciudadanos, por numeroso o poderoso que sea, se sienta agredido porque se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo, e intente obstaculizar el ejercicio de ese derecho reconocido por la ley, tiene evidentemente una exclusiva dimensión subjetiva, pues en nada perjudica al tipo –que no modelo– de familia tradicional su coexistencia con otras formas de relación, igualmente basadas en el amor y la ayuda mutua. El crispado rechazo de este derecho que mantienen tanto el PP como la jerarquía católica no tiene el laudable objetivo de evitar que se les impongan a ellos unos principios o una conducta, sino, claramente, el menos confesable de imponer al resto de la sociedad su visión del mundo, que cada vez más ciudadanos no compartimos.

 

De la misma manera hipócrita, cuando, en el plano teórico nosotros, o en el dolorosamente práctico personas como Ramón Sanpedro o Inmaculada Echevarría, reclamamos el derecho de poner fin voluntariamente a una vida que, a juicio de quien la padece, no merezca ser vivida, las fuerzas de la reacción se apresuran a achacarnos el oculto deseo de liquidar ancianos a nosotros o, rizando el rizo de la indecencia, falta de coraje a quienes suplicaron que se les librase de una condena inmerecida e insoportable.

 

Hay que decirlo una vez más con absoluta claridad: pretendemos que a nadie se le imponga el momento y el modo de enfrentar el proceso de morir. A nadie; tampoco a quienes no consideramos la vida un don divino irrenunciable. A nosotros, a quienes así pensamos, sí se nos impone ese modo y momento de morir, aplicándonos unas leyes que sólo reflejan la dominación de una moral sobre las restantes, igualmente legítimas.

 

Respecto al contenido del derecho de autonomía, denunciamos el concepto tutelado de la autonomía personal que demuestra su subordinación a la conciencia moral del médico establecida en la ley 3/2005, de Instrucciones Previas o Testamento Vital de la Comunidad de Madrid, aprobada por el PP. Ésta es una muestra más de cómo la derecha política considera que su posición moral, encarnada en este caso por un médico objetor, tiene derecho a imponerse sobre la voluntad, libre y fehacientemente expresada, de un paciente que no quiere ser sometido a un alargamiento inútil de su existencia.

 

La medicina, que se ha venido ejerciendo entre el paternalismo y la imposición de un criterio basado en la superioridad, ha cambiado en los últimos años, al ritmo que han crecido los derechos individuales. Los pacientes han conquistado el reconocimiento por las leyes de su derecho a ser informado de las opciones disponibles y decidir sobre la aplicación o no de un método diagnóstico o una terapéutica, a ser en fin, dueños de su existencia. Nada se opone, desde una ética civil, laica, que debe ser la del Estado, a que se reconozca legalmente lo que muchos defendemos: que la obligación médica de ayudar al doliente, la única irrenunciable de nuestra profesión, incluye la de ayudar a bien morir a quien malvive y no quiere seguir haciéndolo.

 

Luis Montes y Fernando Soler Grande son médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid)

 

Ilustración de Javier Olivares

 

INFORMACION SACADA DEL DIARIO "PÚBLICO"

 

                                                              

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